El informe de la Comisión Investigadora de los Sucesos de Bagua conformada por el Poder Ejecutivo caería en un vacío por no ser resultado de una investigación seria y recoger principalmente argumentos superficiales y tendenciosos.
Ello se desprende no solo de la opinión de diversos analistas que han tenido acceso a una versión preliminar del informe, sino también a la postura de uno de sus miembros, que declinó suscribir el informe e hizo pública su discrepancia.
Se trata de la religiosa española María del Carmen Gómez Calleja, quién el viernes declaró a un medio local que el informe no realiza una “investigación imparcial e exhaustiva”, tal como lo recomendó el relator de las Naciones Unidas James Anaya.
Tal como está elaborado “impide conocer la verdad” y “no esclarece los sucesos del 5 de junio” donde murieron 34 personas, entre indígenas y miembros de las fuerzas policiales.
Según Carmen Gómez, la comisión investigadora quiere concluir en que el origen de los problemas fue que los nativos fueron mal informados acerca de los decretos legislativos y fueron azuzados por organizaciones nacionales y extranjeras.
Existe la tendencia de concluir en que los indígenas no tenían razones de peso para pedir la derogatoria de las normas y que carecían de criterios propios para decidir su protesta, idea que yo rechacé, expresó la religiosa.
En la reunión del 7 de diciembre la mayoría de los miembros de la comisión investigadora estuvieron de acuerdo en desarrollar las causas, consecuencias y recomendaciones pero evitar esclarecer lo que realmente pasó aquel fatídico 5 de junio, dijo María del Carmen.
“No hubo apoyo del Estado”
Jesús Manacés Valverde, Presidente de la Comisión Investigadora de los Sucesos de Bagua, en diálogo con Servindi, confirmó que el trabajo realizado era deficiente por la falta de tiempo, recursos y apoyo de diversas instituciones del Estado.
Por ejemplo, indicó que el Ministerio Público le había negado la investigación fiscal que halló responsabilidades en los mandos y personal policial. Como podrá recordarse, la fiscal que efectuó la denuncia fue removida del caso y enviada a la jurisdicción de Chachapoyas.
Manacés también confirmó a Servindi que tampoco le habían remitido el informe de Control Interno del Ministerio del Interior que también halló responsabilidades en el personal policial, a pesar de haberlo solicitado de forma insistente.
En ambos casos, tanto el Ministerio Público como el Ministerio del Interior se excusaron de proporcionar dicha documentación esencial para el trabajo de la comisión con el argumento de que ambas investigaciones estaban en proceso.
A pesar de todas las deficiencias existentes y de que el plazo venció el 10 de diciembre Manacés indicó que la Comisión sigue trabajando y de no haber consenso en el contenido el dejará constancia de sus discrepancias u observaciones. Según ha trascendido el informe se presentaría el miércoles 15 de diciembre.
Investigación tendenciosa
Diversas opiniones recogidas por Servindi en El Cenepa señalaron que las dos visitas realizadas por la Comisión Investigadora han sido insuficientes para dialogar y recoger los testimonios de los apus de las comunidades.
Raúl Vargas, colaborador de la Organización de Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC), destacó que los comisionados sostuvieron asambleas de un par de horas con cientos de personas pero no realizaron una investigación verdadera.
Por ejemplo, destacó que la ex Ministra Susana Pinilla, tuvo un marcado afán por transmitir la versión del gobierno sobre los hechos en la asamblea de dos horas que se realizó en el Cenepa.
Otro asambleísta del Cenepa nos indicó que según su parecer “los comisionados más que investigar fueron a ‘echar flores’ al gobierno y dar un saludo protocolar a los asambleístas”.
Llueven críticas al informe preliminar
Patricia Wiesse Risso, del Instituto de Defensa Legal (IDL), quién tuvo acceso al Informe preliminar (documento de trabajo) del 7 de diciembre opinó que “es la antítesis de un trabajo de investigación serio”.
Para la especialista “la metodología empleada no ha partido del análisis de los testimonios recogidos en la zona” sino que “ha sido elaborado a partir de los preconceptos de cada integrante”.
En el boletín Ideele-mail difundido el 12 de diciembre Wiesse observa una “concepción paternalista” que muestra “a un indígena ignorante que no entendió los beneficios de los decretos derogados”.
Según dicho documento los indígenas fueron “azuzados” por fuerzas externas, por partidos y gremios radicales, organizaciones no gubernamentales, la Iglesia Católica y antropólogos romántico- racistas. Asimismo, carga toda la responsabilidad de lo ocurrido a los indígenas que “emboscaron a los policías e iniciaron la balacera” sostiene el Ideele.
De otro lado, el psicoanalista y analista de actualidad Jorge Bruce, quién también tuvo acceso al informe preliminar, señaló en su columna dominical del diario La República que lo afirmado por la religiosa Maricarmen es cierto y sus razones para no suscribirlo son válidas.
El informe, según Bruce, “no cumple con el cometido de explicar la tragedia del 5 de junio: ¿qué pasó realmente ese día? ¿quiénes fueron los responsables directos o indirectos de las muertes de policías y civiles?”
“De la lectura del mismo no se desprenden conclusiones acerca de los graves hechos ocurridos. En cambio, hay una gran cantidad de afirmaciones nebulosas acerca de la ‘realidad’ de los pueblos indígenas” escribe Bruce.
“Si fuera un ensayo de uno de mis alumnos en la universidad, el comentario sería: tienes que trabajarlo mucho y ser más específico, menos tendencioso y generalizador” afirma el también catedrático universitario. Para Bruce, el informe preliminar da una visión “antropológica” apresurada y elude las causas inmediatas de la matanza.
“No sabemos si faltó tiempo o, sencillamente, terminó primando la voluntad soterrada de exculpar a las autoridades gubernamentales. Habrá que leer el informe final, pero, por lo que se aprecia en esta versión preliminar, hace bien Maricarmen Gómez en negarse a firmar” concluye el analista.
La Comisión Investigadora
El acuerdo de constituir la comisión se adoptó el 2 de septiembre en base a siete personas. Pilar Mazzeti Soler (ex Ministra del Interior), María del Carmen Gómez Calleja y Jesús Manacés Valverde, propuestos por las comunidades indígenas.
En tanto, que Ricardo Álvarez Lobo, Susana Pinilla Cisneros (ex Ministra de la Mujer y el Desarrollo Humano) y el Decano del Colegio de Abogados de Lima Walter Gutiérrez Camacho fueron designado por el Poder Ejecutivo. Por los gobiernos regionales se designó al sociólogo Manuel Bernales Alvarado.
Según Ideele la ex ministra Pilar Mazzetti jugó “un triste papel, tratando de conciliar posiciones” mientras que los gobiernistas “encabezados por la otra ex ministra, Susana Pinilla, iban con la consigna de imponer y ratificar a toda costa la versión oficialista que culpa a los indígenas de lo ocurrido en Bagua”.
Al final, Mazzetti estaría avalando un informe “que es una verdadera burla, y ha traicionado la confianza de los indígenas que la eligieron porque la recordaban como la comprometida Ministra de Salud que tuvo una especial preocupación por los programas de salud en las zonas más lejanas de la Amazonía” señala Ideele.
—
Descargue el informe preliminar en pdf en el siguiente enlace:
